Derecho Civil

El principio de relatividad establece que los contratos solo producen efectos entre las partes. Sin embargo, en operaciones complejas surgen contratos conexos —por ley o por autonomía de la voluntad— que permiten extender efectos a terceros. En arbitraje, las partes no signatarias pueden invocar esta conexión para discutir conjuntamente los efectos de varios contratos relacionados.

La cláusula penal no solo cumple una función resarcitoria o sancionadora, también es una herramienta flexible dentro del contrato. El Código Civil permite al acreedor solicitar su nulidad cuando limita la responsabilidad y al deudor pedir su reducción si resulta excesiva o ante un cumplimiento parcial. Un análisis clave para comprender su verdadero alcance en la práctica contractual.

Compartimos los principales criterios desarrollados en el Pleno Casatorio N.º 2229-2008-Lambayeque, donde la Corte Suprema resolvió una controversia sobre la usucapión entre coposeedores homogéneos. La exclusividad en la posesión no es requisito para prescribir. Dos o más personas que poseen como propietarios sí pueden usucapir conjuntamente, dando lugar a una copropiedad reconocida por la ley.

El Primer Pleno Casatorio Civil (Cas. N.º 1465-2007-Cajamarca) resolvió una demanda contra Minera Yanacocha por daños y perjuicios, fijando doctrina jurisprudencial vinculante sobre el uso de la transacción extrajudicial como defensa, la legitimidad para intereses difusos y el tratamiento de excepciones y defensas previas en sede casatoria.

Análisis de la interrupción de la prescripción extintiva en el derecho civil peruano, destacando el conflicto entre el texto del artículo 1996° del Código Civil y la interpretación de la Corte Suprema. Esta última considera que la sola interposición de la demanda basta para interrumpir la prescripción, en resguardo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

El artículo 1327 del Código Civil establece que el acreedor no tiene derecho a indemnización por daños que pudo evitar con diligencia ordinaria. Este análisis resalta que la diligencia no solo es exigible al deudor, sino también al acreedor, quien debe prever y reducir riesgos en la relación contractual.