El VIII Pleno Casatorio Civil (Casación N.º 3006-2015-Junín) establece criterios vinculantes sobre la disposición de bienes sociales sin la intervención de ambos cónyuges. La Corte Suprema precisó los alcances del artículo 315 del Código Civil, reforzando la tutela del derecho de propiedad y determinando cuándo estos actos son nulos, ineficaces o susceptibles de reivindicación. El análisis también recoge una postura crítica respecto al carácter necesariamente nulo de estos ac

El principio de relatividad establece que los contratos solo producen efectos entre las partes. Sin embargo, en operaciones complejas surgen contratos conexos —por ley o por autonomía de la voluntad— que permiten extender efectos a terceros. En arbitraje, las partes no signatarias pueden invocar esta conexión para discutir conjuntamente los efectos de varios contratos relacionados.

La aceptación del convenio arbitral puede ser expresa o tácita. Aunque la Ley de Arbitraje exige forma escrita, también admite que ciertas conductas o comunicaciones evidencien consentimiento. El análisis riguroso de actos, buena fe y participación en el proceso permite determinar si existió una aceptación tácita válida, sin que el silencio sea suficiente.

La cláusula penal no solo cumple una función resarcitoria o sancionadora, también es una herramienta flexible dentro del contrato. El Código Civil permite al acreedor solicitar su nulidad cuando limita la responsabilidad y al deudor pedir su reducción si resulta excesiva o ante un cumplimiento parcial. Un análisis clave para comprender su verdadero alcance en la práctica contractual.

En arbitraje, la cadena de custodia es clave para garantizar la validez y autenticidad de la prueba. Sin este control, incluso los informes periciales más elaborados pueden ser desestimados por el tribunal. En nuestra nueva entrada explicamos qué es, cómo funciona y mostramos ejemplos prácticos de su impacto en la decisión arbitral.

Compartimos los principales criterios desarrollados en el Pleno Casatorio N.º 2229-2008-Lambayeque, donde la Corte Suprema resolvió una controversia sobre la usucapión entre coposeedores homogéneos. La exclusividad en la posesión no es requisito para prescribir. Dos o más personas que poseen como propietarios sí pueden usucapir conjuntamente, dando lugar a una copropiedad reconocida por la ley.

El Primer Pleno Casatorio Civil (Cas. N.º 1465-2007-Cajamarca) resolvió una demanda contra Minera Yanacocha por daños y perjuicios, fijando doctrina jurisprudencial vinculante sobre el uso de la transacción extrajudicial como defensa, la legitimidad para intereses difusos y el tratamiento de excepciones y defensas previas en sede casatoria.

Analizamos la carga de la prueba y su aplicación en sede arbitral, a partir de un caso en el que se alegó la inversión basada en el “res ipsa loquitur”. El análisis muestra cuándo corresponde trasladar la carga probatoria y qué rol cumple el control exclusivo sobre la actividad que generó el daño.

Mediante la Ley 32377, se modifican los artículos 759° y 834° del Código Procesal Civil y el artículo 6 de la Ley 26662, con la finalidad de optimizar el trámite de la sucesión intestada.

A partir del 26 de mayo de 2025, los escritos dirigidos a las Salas de la Corte Suprema deberán presentarse exclusivamente a través de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial, conforme a la Res. Adm. N.º 00060-2025-P-CE-PJ. Aquí analizamos los principales cambios y desafíos de esta medida.

Análisis de la interrupción de la prescripción extintiva en el derecho civil peruano, destacando el conflicto entre el texto del artículo 1996° del Código Civil y la interpretación de la Corte Suprema. Esta última considera que la sola interposición de la demanda basta para interrumpir la prescripción, en resguardo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

El artículo 1327 del Código Civil establece que el acreedor no tiene derecho a indemnización por daños que pudo evitar con diligencia ordinaria. Este análisis resalta que la diligencia no solo es exigible al deudor, sino también al acreedor, quien debe prever y reducir riesgos en la relación contractual.