El principio de relatividad establece que los contratos solo producen efectos entre las partes. Sin embargo, en operaciones complejas surgen contratos conexos —por ley o por autonomía de la voluntad— que permiten extender efectos a terceros. En arbitraje, las partes no signatarias pueden invocar esta conexión para discutir conjuntamente los efectos de varios contratos relacionados.

La aceptación del convenio arbitral puede ser expresa o tácita. Aunque la Ley de Arbitraje exige forma escrita, también admite que ciertas conductas o comunicaciones evidencien consentimiento. El análisis riguroso de actos, buena fe y participación en el proceso permite determinar si existió una aceptación tácita válida, sin que el silencio sea suficiente.

La cláusula penal no solo cumple una función resarcitoria o sancionadora, también es una herramienta flexible dentro del contrato. El Código Civil permite al acreedor solicitar su nulidad cuando limita la responsabilidad y al deudor pedir su reducción si resulta excesiva o ante un cumplimiento parcial. Un análisis clave para comprender su verdadero alcance en la práctica contractual.

En arbitraje, la cadena de custodia es clave para garantizar la validez y autenticidad de la prueba. Sin este control, incluso los informes periciales más elaborados pueden ser desestimados por el tribunal. En nuestra nueva entrada explicamos qué es, cómo funciona y mostramos ejemplos prácticos de su impacto en la decisión arbitral.

Compartimos los principales criterios desarrollados en el Pleno Casatorio N.º 2229-2008-Lambayeque, donde la Corte Suprema resolvió una controversia sobre la usucapión entre coposeedores homogéneos. La exclusividad en la posesión no es requisito para prescribir. Dos o más personas que poseen como propietarios sí pueden usucapir conjuntamente, dando lugar a una copropiedad reconocida por la ley.

El Primer Pleno Casatorio Civil (Cas. N.º 1465-2007-Cajamarca) resolvió una demanda contra Minera Yanacocha por daños y perjuicios, fijando doctrina jurisprudencial vinculante sobre el uso de la transacción extrajudicial como defensa, la legitimidad para intereses difusos y el tratamiento de excepciones y defensas previas en sede casatoria.

Analizamos la carga de la prueba y su aplicación en sede arbitral, a partir de un caso en el que se alegó la inversión basada en el “res ipsa loquitur”. El análisis muestra cuándo corresponde trasladar la carga probatoria y qué rol cumple el control exclusivo sobre la actividad que generó el daño.

Mediante la Ley 32377, se modifican los artículos 759° y 834° del Código Procesal Civil y el artículo 6 de la Ley 26662, con la finalidad de optimizar el trámite de la sucesión intestada.

A partir del 26 de mayo de 2025, los escritos dirigidos a las Salas de la Corte Suprema deberán presentarse exclusivamente a través de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial, conforme a la Res. Adm. N.º 00060-2025-P-CE-PJ. Aquí analizamos los principales cambios y desafíos de esta medida.

Análisis de la interrupción de la prescripción extintiva en el derecho civil peruano, destacando el conflicto entre el texto del artículo 1996° del Código Civil y la interpretación de la Corte Suprema. Esta última considera que la sola interposición de la demanda basta para interrumpir la prescripción, en resguardo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

El artículo 1327 del Código Civil establece que el acreedor no tiene derecho a indemnización por daños que pudo evitar con diligencia ordinaria. Este análisis resalta que la diligencia no solo es exigible al deudor, sino también al acreedor, quien debe prever y reducir riesgos en la relación contractual.